El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración suspenderá el financiamiento federal a organizaciones no gubernamentales que, según sus declaraciones, estén involucradas en disturbios o manifestaciones violentas, sin esperar la resolución legislativa en curso sobre el tema.
A través de su red social Truth Social, Trump respaldó públicamente la iniciativa del congresista republicano Kevin Kiley, titulada “No a los impuestos para disturbios” (No Taxes for Riots Act), la cual busca prohibir que organizaciones implicadas en actos de violencia reciban fondos federales o beneficios fiscales.
“Por la presente, instruyo a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación”, escribió el exmandatario. Agregó que dichas ONG supuestamente utilizan el dinero “para incitar disturbios, incendiar o destruir ciudades”, y posteriormente “vuelven a solicitar fondos para ayudar a reconstruirlas”. “¡¡¡NO MÁS DINERO!!!”, enfatizó.
El representante Kiley, originario de California, impulsó esta iniciativa tras las protestas registradas recientemente en Los Ángeles, relacionadas con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El proyecto busca endurecer las sanciones contra quienes obstaculicen operaciones federales y plantea aumentar las penas por agresiones a agentes federales.
En su argumentación, Kiley señaló directamente a la organización sin fines de lucro Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), a la que acusó de divulgar en tiempo real la ubicación de operativos del ICE durante las protestas, además de haber recibido 34 millones de dólares en fondos estatales.
Un portavoz de CHIRLA rechazó categóricamente cualquier implicación en los disturbios.
No obstante, la organización se encuentra actualmente bajo investigación por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dominado por el Partido Republicano, que busca determinar si utilizó recursos federales —asignados durante la administración de Joe Biden— para actividades relacionadas con las recientes protestas.
La ley propuesta también contempla la eliminación de exenciones fiscales a ONG vinculadas con manifestaciones consideradas ilegales y pretende endurecer las penas legales existentes, que actualmente contemplan hasta un año de prisión por agresión simple a un agente federal.
