La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) advirtió en su informe anual que millones de personas en Europa enfrentan discriminación sistemática por su origen étnico, religión, orientación sexual o identidad de género.
Este preocupante panorama, presente incluso en instituciones como la Policía, amenaza la cohesión social y los valores democráticos del bloque.
"Existe un riesgo creciente de que las actitudes racistas y discriminatorias se normalicen", advierte la FRA.
Según el informe 2025, las políticas identitarias divisivas han contribuido al aumento de la intolerancia y el odio.
Judíos, musulmanes, personas negras, gitanos, migrantes y la comunidad LGBTIQ son los grupos más afectados.
Además, la FRA detecta una discriminación racial persistente y alarmante, basada en datos recabados a lo largo de los últimos años.
El discurso de odio, tanto en el ámbito público como en internet, se propaga sin control.
La agencia también alerta sobre el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en la profundización de estas desigualdades.
El informe denuncia la falta de avances reales en la lucha contra la discriminación, pese a la existencia de leyes europeas e internacionales.
La directora de la FRA, Sirpa Rautio, lamentó particularmente la situación de los pueblos gitanos, señalando una profunda frustración por la falta de cambios tangibles.
Uno de los focos de preocupación es el racismo presente en los servicios públicos, incluyendo cuerpos policiales, donde estas actitudes minan la confianza ciudadana y socavan las bases de las democracias europeas.
La guerra entre Israel y Hamás ha exacerbado el antisemitismo y el odio antimusulmán en Europa.
Aunque la FRA reconoce la dificultad de distinguir entre crítica política y discursos de odio, resalta el aumento de incidentes discriminatorios derivados del conflicto.
La FRA concluye que la discriminación y el racismo, además de afectar a las víctimas de forma directa, amenazan el tejido democrático de Europa.
Insta a los Estados miembros a tomar medidas urgentes y efectivas para combatir estas formas de exclusión.
