4 de junio de 2025
Por primera vez durante su administración, el gobierno de Donald Trump permitió el regreso a Estados Unidos de un migrante previamente deportado, en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal.
El ciudadano guatemalteco, identificado con las iniciales O.C.G., fue autorizado a ingresar nuevamente al país este miércoles, luego de que se determinara que su expulsión fue realizada de manera errónea.
Así lo confirmó a CNN Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, organización que representa al afectado.O.C.G. fue deportado inicialmente a México, pese a contar con una orden judicial que lo protegía de ser removido del país.
Posteriormente, desde territorio mexicano, fue enviado a Guatemala, donde, según su equipo legal, vivía oculto por temor a represalias.
Los abogados argumentan que, debido a su orientación sexual, el migrante enfrentaba un riesgo real de violencia y persecución tanto en Guatemala como en México, donde aseguró haber sido víctima de violación.
La semana pasada, el juez federal Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno estadounidense gestionar el retorno del guatemalteco, al considerar que se vulneraron sus derechos y se ignoró una resolución judicial previa.
La administración Trump acató finalmente la decisión, facilitando el ingreso de O.C.G. a Estados Unidos, donde permanecerá bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras se resuelve su proceso de asilo.
Aunque esta no es la primera vez que un juez federal ordena el retorno de un migrante deportado durante el mandato de Trump, sí representa el primer caso en el que el gobierno republicano accede a cumplir con dicha instrucción.
En otro caso similar, el salvadoreño Kilmar Ábrego García fue deportado en marzo a pesar de contar con protección judicial, pero las autoridades se negaron a gestionar su retorno argumentando que se encontraba bajo custodia de otro país.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, había justificado en su momento el envío de O.C.G. a México, calificándolo como "una tercera opción segura", mientras se resolvía su solicitud de asilo.
No obstante, el caso ha reabierto el debate sobre el cumplimiento de los procesos legales en materia migratoria y la responsabilidad del gobierno frente a las órdenes judiciales.
