La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), presentó ante la Justicia un pedido para suspender la ejecución del decomiso de 537 millones de dólares de su patrimonio, ordenado como parte de su condena por irregularidades en la concesión de obras viales.
Fernández argumentó que sus bienes son legítimos y que la cifra calculada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 es irregular, ya que la sentencia original indicaba que el monto era provisional y debía definirse con intervención técnica cuando quedara firme.
La defensa solicitó que se suspenda cualquier ejecución patrimonial hasta que exista un fallo definitivo sobre el monto y que se dicte un nuevo fallo conforme a derecho.
El TOF 2 también ordenó pagos a otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y varios exfuncionarios, por considerar que los hechos constituyeron un daño al erario público durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Actualmente, Fernández cumple prisión domiciliaria tras confirmarse la condena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
