La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación número 42 del régimen de excepción, medida vigente desde marzo de 2022 y que extiende por 30 días más la suspensión de garantías constitucionales.
Con 57 votos a favor de 60 diputados, el oficialismo y sus aliados respaldaron la iniciativa, mientras que la oposición votó en contra al considerar que esta se ha utilizado para silenciar voces críticas.
El régimen, implementado tras una ola de homicidios ocurrida en marzo de 2022, ha permitido la detención de más de 88 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas.
Sin embargo, organizaciones humanitarias reportan más de 6 mil 400 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas, además de más de 400 muertes bajo custodia estatal.
La medida implica la suspensión del derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y amplía la detención administrativa de tres a quince días.
El Legislativo justificó la extensión señalando que las estructuras del crimen organizado mantienen mecanismos de comunicación que aseguran la operatividad de sus actividades ilícitas.
Pese a las críticas, el régimen de excepción mantiene altos niveles de apoyo popular y ha sido central en la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, recientemente reelecto para un segundo mandato inmediato.
