Un jurado federal absolvió este jueves a Adely Vanessa De La Cruz-Álvarez, una joven migrante peruana acusada de ingresar sin autorización a una zona militar en la frontera de Texas, en lo que se considera el primer juicio de este tipo contra un migrante desde que el gobierno estadounidense declaró partes de la frontera sur como instalaciones de defensa nacional.
De La Cruz-Álvarez, de 21 años, fue detenida el pasado 12 de mayo cerca de Tornillo, a unos 64 kilómetros al este de El Paso, tras cruzar el Río Grande y ser localizada sola, sentada junto a una verja metálica del muro fronterizo.
Soldados desplegados en la zona y un agente de la Patrulla Fronteriza la arrestaron poco después.
La joven enfrentaba tres cargos: entrada irregular al país, allanamiento de una zona militar y violación de propiedad de defensa nacional.
Este último fue desestimado antes del juicio. El jurado la declaró culpable únicamente del ingreso no autorizado, por lo que recibió una sentencia de tiempo cumplido más un día de trabajo comunitario.
No obstante, fue absuelta del cargo de allanamiento militar, el más grave del expediente.
Según declaraciones recogidas por The Texas Tribune, la defensa argumentó que la zona no estaba debidamente señalizada como área militar restringida.
“El principal problema es que esta zona parece una trampa. Ni siquiera había un letrero visible”, denunció su abogado, Michael McMahon.
Pese a la absolución, McMahon admitió que su clienta probablemente será deportada en los próximos días.
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia en enero de 2025, su gobierno ha intensificado las políticas migratorias mediante el uso del Ejército.
El pasado 11 de abril, el mandatario firmó una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a tomar control de terrenos federales fronterizos, lo que ha ampliado la presencia militar en labores tradicionalmente civiles.
Además del despliegue de miles de soldados en la frontera, el gobierno ha comenzado a utilizar aviones militares para trasladar migrantes, especialmente venezolanos, a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su procesamiento y eventual deportación.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso de cargos penales como el allanamiento de instalaciones militares para disuadir la migración, aun cuando en muchos casos como este los migrantes no tienen conocimiento de haber ingresado en zonas restringidas.
Según The Texas Tribune, esta práctica representa “la última táctica” de la actual administración republicana en su meta de deportar a un millón de migrantes por año, incluso aquellos que ingresaron legalmente o solicitan asilo.
No es el primer revés legal para el gobierno federal: más de 100 acusaciones por ingreso a zonas militares fueron desestimadas recientemente por jueces federales en Texas y Nuevo México, quienes consideraron inconsistencias en los señalamientos y garantías de debido proceso.
