La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), exhortó a las autoridades a resolver con urgencia el paro de labores en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), ante la creciente preocupación por la falta de acceso a la justicia que este conflicto ha generado.
Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, señaló que la suspensión de actividades jurisdiccionales afecta gravemente a la ciudadanía.
“La justicia es un derecho humano fundamental, y toda persona debe tener acceso efectivo a ella”, expresó.
Kudisch condenó el cierre de juzgados familiares, civiles, penales y laborales, situación que ha paralizado juicios y aplazado audiencias.
“Los abogados que prestamos servicios legales nos sentimos frustrados porque no podemos apoyar a nuestros clientes; no tenemos dónde trabajar”, lamentó.
La presidenta de la BMA hizo un llamado directo al presidente del TSJ-CDMX para encabezar una solución inmediata, aunque también subrayó la responsabilidad del Gobierno capitalino.
“No puede decirse ajeno a esta problemática; debe respaldar al Tribunal para lograr una salida.
Es la población entera la que hoy no tiene acceso a la justicia, y eso es muy preocupante”, advirtió.
A través de un comunicado, la BMA sostuvo que la suspensión de las labores jurisdiccionales compromete la tutela judicial efectiva, vulnera derechos fundamentales y erosiona la confianza de la sociedad en el sistema de impartición de justicia.
“La continuidad en la operación de los tribunales es indispensable para el fortalecimiento del Estado de derecho y la vigencia plena de los derechos humanos”, señaló la institución.
El paro de labores comenzó a finales de mayo, tras el incumplimiento de demandas laborales por parte de trabajadores del TSJ.
Inicialmente, el cierre se concentró en los Juzgados de lo Familiar, lo que derivó en una oferta del Poder Judicial capitalino: un aumento salarial del 5% y un bono para ese personal.
No obstante, la propuesta fue rechazada por los trabajadores, quienes exigen al menos un 10% de aumento y un bono proporcional a la carga de trabajo.
Aunque se han realizado mesas de diálogo con representantes del TSJ y del Gobierno de la Ciudad de México, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo.
