A nueve años de haber sido desplazadas por la violencia en la región de Los Altos de Chiapas, 14 familias indígenas tzotziles hicieron un llamado urgente al gobierno estatal para exigir su reubicación integral y acceso a condiciones de vida dignas.
Originarias del municipio de Chenalhó, las familias fueron expulsadas en 2016 tras enfrentamientos entre grupos armados.
Desde entonces, viven en condiciones precarias en un campamento improvisado en San Cristóbal de las Casas, sin acceso pleno a vivienda, salud, educación ni seguridad.“Desde entonces hemos vivido en extrema vulnerabilidad.
No hay una ruta clara ni voluntad política para garantizar nuestros derechos”, señaló Araceli Cruz, portavoz del grupo, quien también recordó la desaparición y asesinato de su familiar Guadalupe Cruz Hernández durante ese periodo.
Las viviendas donde habitan actualmente están construidas con láminas y plásticos que apenas los protegen del clima extremo.
“Por el techo entra el agua y el frío. Los niños y los adultos mayores son los más afectados”, denunció Alonso Gutiérrez, padre de ocho hijos.
Las familias piden al gobernador Eduardo Ramírez establecer un diálogo directo y presentar una solución concreta para su reubicación, con acceso a vivienda, tierra, salud, trabajo y educación.
La zona donde están asentadas también representa un riesgo por la temporada de ciclones, que podría agravar aún más su situación.
Diversas organizaciones han advertido que Chiapas enfrenta una crisis silenciosa de desplazamiento forzado interno, con estimaciones que van de 16 mil a 21 mil personas en esta condición, producto de la violencia, los conflictos agrarios y la falta de intervención efectiva del Estado.