Tras un acalorado debate de casi cuatro horas, el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó este jueves la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, lo que impide que la entidad se convierta en el estado número 23 del país en legalizar este derecho.
Con 19 votos en contra y 17 a favor, el dictamen fue desechado y archivado, posponiendo cualquier nueva discusión hasta el próximo periodo ordinario, programado para septiembre.
El voto decisivo provino de la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien expresó su desacuerdo con la normalización del aborto como política pública.
“No estoy de acuerdo en que se trate como un servicio más. En Guanajuato no hay mujeres en prisión por abortar. Eso significa que no es necesario eliminar el tipo penal para protegerlas; la mujer ya está protegida”, afirmó.
Con esta decisión, Guanajuato permanece entre los nueve estados del país que no han armonizado su legislación local con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto y ordenado su despenalización a nivel estatal.
La votación fue seguida de cerca por organizaciones nacionales e internacionales.
Entre ellas, la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA), que en días previos urgió al Congreso local a adoptar un marco legal que garantice los derechos humanos y la igualdad para las mujeres.
El dictamen rechazado reunía tres iniciativas para reformar el Código Penal estatal y eliminar las sanciones penales al aborto voluntario, lo cual buscaba ampliar el acceso legal y seguro a la interrupción del embarazo.
Guanajuato enfrenta una de las tasas más altas de embarazos adolescentes del país, con un 31%, y un elevado número de casos de violencia sexual infantil: 466 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas por agresiones sexuales, de las cuales el 90.8% fueron niñas y adolescentes, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2007, otros 22 estados han seguido el mismo camino.
Recientemente, incluso se ha debatido en el Congreso capitalino la eliminación del límite de semanas, con el argumento de evitar criminalizar a las mujeres más vulnerables.
En contraste, Guanajuato sigue resistiendo este avance, lo que ha generado preocupación en diversos sectores que abogan por la armonización legislativa y la garantía de los derechos reproductivos en todo el país.
