La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional y modifica diversos ordenamientos relacionados con su operación.
Con 349 votos a favor y 132 en contra, la iniciativa establece una estructura de carácter militar para la corporación, autoriza operaciones encubiertas y permite que sus elementos puedan desempeñar cargos públicos.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia de seguridad nacional impulsada desde el Ejecutivo federal, con el objetivo —según sus promotores— de fortalecer la capacidad operativa y de inteligencia de la Guardia Nacional frente a delitos de alto impacto.
Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de que los integrantes del cuerpo militarizado puedan ocupar funciones administrativas o políticas, lo que ha generado inquietud entre legisladores de la oposición y defensores de derechos humanos, quienes señalan posibles riesgos para la vida democrática y la división entre funciones civiles y militares.
El dictamen aún debe discutirse en lo particular, donde se podrían presentar reservas y ajustes antes de su aprobación final.
