A una semana de la histórica y controvertida elección judicial celebrada el 1 de junio, marcada por una baja participación ciudadana de apenas el 13%, el proceso avanza lentamente en la definición de resultados.
Hasta ahora, solo dos de las seis votaciones federales han sido resueltas: la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).De los más de 99.7 millones de ciudadanos convocados a las urnas, la mayoría optó por no participar en una jornada electoral caracterizada por la falta de información sobre los candidatos, la complejidad del formato de votación, el uso de “acordeones” para inducir sufragios y un lento conteo de votos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había estimado un plazo máximo de diez días para dar resultados definitivos, aunque el ritmo ha sido más lento de lo previsto.
Los resultados preliminares muestran un dominio claro de los candidatos afines al oficialismo. En la SCJN, los nueve nuevos ministros serán figuras cercanas a Morena, entre ellos tres ministras actualmente en funciones —Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A ellas se suman María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristídes Guerrero, todos con trayectoria cercana al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco y actual coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), fue el más votado en esta elección y se perfila como futuro presidente de la Suprema Corte, aunque el INE aún no oficializa su designación.
El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial —que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal en sus funciones disciplinarias— estará integrado por cinco miembros, todos ellos también cercanos al Gobierno federal.
Las tres mujeres electas como integrantes del TDJ son Celia Maya García y Eva Verónica de Gyvés Zárate, actuales consejeras del CJF, e Indira Isabel García Pérez, propuesta directamente por el Ejecutivo. Completan la lista Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar, también vinculados al oficialismo.
El proceso ha generado críticas tanto nacionales como internacionales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar en el que recomienda “no replicar el modelo de elección popular de jueces y magistrados en otros países”, tras constatar graves deficiencias en su implementación.
Entre las observaciones destacan la baja participación, la opacidad en los perfiles de los candidatos y la falta de evaluaciones estandarizadas para garantizar la idoneidad de los aspirantes.
Desde la oposición, las críticas han sido contundentes.
Diversos actores políticos calificaron la elección como una “farsa” impulsada por el oficialismo para garantizar el control total del Poder Judicial, debilitando así su autonomía y credibilidad.
La elección del 1 de junio fue parte de una reforma judicial profunda impulsada por el gobierno de Sheinbaum, que busca transformar el sistema de justicia en México.
Sin embargo, los bajos niveles de participación y la percepción de un proceso controlado por el oficialismo ponen en duda la legitimidad de los nuevos nombramientos y abren un debate nacional sobre los riesgos de la politización del Poder Judicial.
